Fecha: 14-05-2009

Más que palabras: Política Archivística en Cantabria

Las administraciones cántabras siguen sin incluir profesionales de archivo y documentación en sus filas, salvo escasas excepciones.

Hace poco más de un año, en marzo de 2008, un profesional de Cantabria mostraba en el blog "Archivista" su decepción ante la inexistencia de ofertas de plazas públicas para cubrir las necesidades de los Archivos, y se preguntaba cómo se llevarán a cabo los anunciados planes de modernización administrativa sin contar con los profesionales que más contribuirían para su puesta en marcha de forma efectiva. Hoy, en tiempos de crisis económica, cuando las noticias en prensa hablan de recortes en la oferta pública de empleo - un 56% en la Comunidad Autónoma de Cantabria (El Diario Montañés, 25/03/2009) - una vez más nos deparamos con que las administraciones cántabras siguen sin contar con archiveros y análogos profesionales de la documentación en sus filas, con solamente dos escasísimas excepciones en la esfera municipal.    Parte del Archivo de la Fundación Botín

Sin embargo, anacrónicamente, las administraciones continuarán en su designio, y deber, de proporcionar al ciudadano un servicio eficaz, transparente y moderno, como se desprende de diversas normativas, cartas de servicios, y planteamientos. Dicha tarea se muestra ardua y difícil, por no decir de alcance imposible, si no se asume como imprescindible la actuación coordinada de un Sistema Autonómico de Archivos, dotando medios humanos y tecnológicos para llevar a cabo una Política Archivística real, continuada en el tiempo, y que abarque todo y cualquier elemento productor de documentos, sean ellos convencionales, registros electrónicos o cualquier otra información dotada de valor y registrada sobre un soporte material.

Todos sabemos que las grandes empresas y entidades del sector privado lo tienen y lo han tenido siempre claro: la información conservada, estructurada y accesible al cien por ciento, es un activo del que ya no pueden prescindir en los tiempos que corren. Para ello cuentan con equipos y personal especializado, trabajando de forma horizontal y coordinada, para lograr un resultado de gran repercusión en sus beneficios. También en el sector público contamos con iniciativas brillantes como el Proyecto Aporta, de reutilización de información, enmarcado en el Plan Avanza 2, uno de los ejes del Plan Ingenio 2010, estrategia del Gobierno de España para acelerar la convergencia tecnológica con Europa. La reutilización de la información está recogida en la Ley 37/2007 de mismo nombre, entendiéndose por reutilización el uso de documentos que obran en poder de las administraciones y organismos del sector público y por personas físicas o jurídicas. La normativa insta a las administraciones a organizarse, colaborando los trabajadores públicos de perfiles diversos y multidisciplinares, entre los cuales naturalmente se incluyen los archiveros.

Ahora bien, resulta muy difícil comprender cómo se conseguirá implantar acciones de modernización de estructuras en Cantabria, como la Administración Electrónica por citar un buen ejemplo, sin contar con un equipo permanente, formado a partir de la puesta en marcha de una Política de Archivos. Una política ya definida en la Ley de Archivos de Cantabria, Ley 3/2002, normativa que sigue sin aplicarse después de siete años por falta de reconocimiento de la necesaria inversión que urge realizarse en el seno de las administraciones. Es algo más que inquietante observar que la comunidad autónoma a la que pertenecemos y luchamos por su futuro, corre el serio riesgo de continuar estando al margen del proceso en el que se insieren cada vez más empresas del sector privado, y perder el tren de la tecnología bien aplicada, que va a velocidad de crucero.

Las medidas paliativas y proyectos puntuales de implantación de aplicaciones informáticas, digitalización de fondos, creación de edificios y depósitos, no tienen mucho sentido si no van acompañadas de una Política archivística real, coordinada por los órganos competentes en la materia, junto a los demás miembros del sistema, tanto públicos como privados los centros de archivo definidos por la propia Ley. Dichas iniciativas aisladas,aunque muy loables, no tienen el impacto esperado en la Sociedad, es decir, que las perciba como mejoras del servicio y atención ciudadana, derechos ineludibles, y no solamente como recuperación de la memoria histórica, elemento importantísimo, que no universal. Sabemos que la mejor forma de preservar la historia es organizando el presente.

Las acciones de coordinación de transferencias documentales, creación (con los debidos recursos) de archivos centrales y el Archivo Regional, creación y mantenimiento de repositorios digitales y de los objetos digitales generados cada día, valoración, expurgos y aprovechamiento de espacios de almacenamiento, creación y seguimiento de calendarios de conservación, además de tareas de normalización de procedimientos administrativos, elaboración y desarrollo de normativas, formación de los productores en los archivos de oficina, entre otras, son algunas de las muchísimas asignaturas pendientes en Cantabria, deberes por cumplir de forma verdaderamente integrada, antes de afrontar cualquier programa de modernización administrativa.

El equipo humano competente para coordinar tan ingente trabajo no hay que buscarlo en ningún sitio, se encuentra en los distintos centros pertenecientes al sistema archivístico autonómico: en servicios del propio Gobierno de Cantabria (cabecera del sistema), en los archivos municipales, en la Universidad, en otros tantos núcleos que esperan formar parte de un proyecto común más que necesario, imprescindible. Pero estos profesionales son muy pocos y cuentan con muy poco apoyo. Son personas de carne y hueso que se debaten entre la urgencia de realizar proyectos de esta envergadura y la realidad de sacar adelante sus servicios, que apenas cuentan con el personal adecuado en número y formación, muchos de ellos sin personal alguno, realidad diaria que pone en entredicho cualquier planteamiento en este sentido. Sencillamente, sin la ayuda necesaria no pueden dedicarse a nada más que cumplir sus cometidos básicos, con el enorme esfuerzo que esto implica.

Volvemos al punto inicial: sin las personas adecuadas ningún proyecto puede despegar. Tal vez el desconocimiento por parte de las autoridades y puestos clave de las administraciones sobre el verdadero papel del archivero, o de lo que sencillamente es capaz de hacer, frene cualquier interés por analizar la situación y dotar estos servicios de personal y otros medios que requieren. Quizás estos mismos puestos clave hayan aprendido una versión tergiversada de esta profesión, es decir, la vinculan a los "papeles viejos", o en el mejor de los casos únicamente a temas culturales, pero olvidándose de la otra vertiente igual de relevante: la Administración, principio y motor de la producción documental. Quizás, como medida desesperada, debemos referirnos más bien como "gestores de" en vez de archiveros, aunque con este mismo nombre hemos estado comprometidos con los enormes cambios que se producen cada día en relación con el objeto de la profesión: la información que fruto de las actividades humanas se genera, intercambia, modifica, actúa de diferentes formas, valora y preserva. O quizás debemos demostrar que somos los archiveros los que tenemos la competencia y estamos preparados para llevar a cabo la gestión de todo lo que conlleva documentos, contenidos digitales, información, conocimiento... denominaciones aparte. Pero con toda seguridad nos obligamos a seguir denunciando la falta de archiveros (o gestores de) en Cantabria. Cantabria sigue necesitándolos, urgentemente.

 

 

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